El Presidente Abelardo De La Espriella respondió en una extensa declaración a la Justicia Especial de Paz, JEP, la jurisdicción transicional creada tras los acuerdos de paz con las FARC, después de que su presidente Alejandro Ramelli denunciara una estrategia para impedir el funcionamiento de ese tribunal en el país.

Ramelli anunció el pasado viernes que llevará la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, a los países garantes del acuerdo de paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Este domingo, De La Espriella tituló su escrito:  “La justicia se respeta, pero los recursos de los colombianos se cuidan”.

Se refiere el Jefe de Estado a las declaraciones públicas de Ramelli que alertó sobre una supuesta afectación a la  independencia y al funcionamiento de esa jurisdicción, derivada de iniciativas legislativas y presupuestales que cursan en el Congreso.

Ramelli respondía el viernes en la rendición de cuentas de la JEP al senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien propuso un traslado a de 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, lo que afectaría el 62% de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones.

“No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”, escribió este domingo De La Espriella, en su respuesta a Ramelli.

El jefe de Estado salvó su responsabilidad en cualquier campaña contra la JEP y señaló que a la fecha “no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”.

Señala que la posición del Gobierno y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación “no constituye una amenaza contra ningún juez”.

“El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos”, señala.

A raíz de los cuestionamientos por el recorte en el presupuesto de la JEP para 2027, De La Espriella detalla que se ha destinado por parte del Estado para el funcionamiento de ese tribunal en los últimos 8 años.

“Desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de tres billones de pesos. En 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos y, en 2026, opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027 solicitó 947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones”, explica.

Sostiene el Presidente De La Espriella que ese rubro “no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”.

Cuestiona De La Espriella el manejo de los recursos que se han destinado a su funcionamiento y pide explicaciones sobre su destinación.

También reseña que “la JEP no está exenta de críticas” y añade que “durante años se le reclamó la ausencia de sentencias”. 

“Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático”, recalca el Mandatario añadiendo que “solo en 2026, su nómina se estimó en 404.477 millones de pesos”.

El Presidente de la República fue crítico también del salario de Ramello que, según señala, “pasó de un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos desde que es magistrado de esa jurisdicción”.

Añade que “eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita”. 

“No acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas” y critica el término de “asfixia institucional”, advertido por Ramelli.

Al pedir cuentas al presidente del alto tribunal, De La Espriella señaló: “Exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha”.

Habló De La Espriella de “una burocracia especial, en perjuicio de la Rama Judicial ordinaria, que es la encargada de combatir la impunidad que padece el conjunto de los colombianos y no solamente un sector”.

“Lo que sí tengo claro es que la Rama Judicial ordinaria necesita con urgencia mayores recursos para cumplir su misión. Allí están represados millones de procesos y miles de ciudadanos esperan durante años una decisión. Jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales trabajan, en muchos casos, con despachos congestionados, infraestructura insuficiente y graves limitaciones tecnológicas”.

El Presidente menciona que su prioridad será “fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos”, pues es “la que combate la impunidad, protege a las víctimas y resuelve los conflictos reales de la ciudadanía". 

“No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad”.

Finalmente agrega que “una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar. No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe —por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública— como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad”.